"Tanto a nivel normativo como en las prácticas estatales, el país ha desarrollado medidas que restringen los derechos de las personas migrantes", señalaron en una carta pública enviada a cuatro autoridades del organismo.
Hace unos días dos provincias del país, Jujuy (noroeste) y Chubut (sur), adoptaron dos medidas "que violan la igualdad de derecho y la no discriminación de la población migrante".
Jujuy, en concreto, implementó una ley que estipula el cobro de los servicios públicos a migrantes que estén de paso en esta jurisdicción.
La gobernación de Chubut emitió un decreto que ordena expulsar a los migrantes con antecedentes penales.
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El giro en materia migratoria se agravó en los últimos días con la expulsión de una peruana madre de tres argentinos, Vanessa Gómez Cueva, quien "vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y aun así fue expulsada con su hijo menor y sin poder despedirse de los otros dos".
Ambas disposiciones no sólo violan la Constitución y la Ley de Migraciones sancionada en 2003, "sino que también incumplen las obligaciones internacionales del Estado Argentino y retroceden en la garantía de derechos a esta población", advirtieron las catorce organizaciones.
En términos generales, el Poder Ejecutivo "intenta vincular la migración con el delito y fomenta la discriminación y la xenofobia hacia las personas migrantes", señala el escrito dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao y al relator sobre los derechos de los migrantes, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva.
En paralelo, dificulta los trámites de regulación al encarecer las tasas migratorias un 1.000%, cerrar programas de acercamiento territorial y dificultar los procesos con un nuevo sistema informático, dice el texto enviado también a la comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño y a la relatora sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, Soledad García Muñoz.
Violación de acuerdos
Por ello las instituciones reclamaron a la Comisión que pida un informe al Gobierno argentino sobre las iniciativas que piensa incorporar para evitar la discriminación de la población migrante y para permitir el regreso al país de aquellos extranjeros residentes que vieron violado el derecho a la unidad familiar o el derecho a un debido proceso.
Las organizaciones firmantes son Amnistía Internacional, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil CineMigrante, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo para La Diversidad (COPADI).
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Además se adhieren a este reclamo el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Migrantes x Migrantes, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
