"Una figura del actual ministerio (en referencia a Alves) declaró a la prensa que negará mi petición de indemnización (…) No me sorprende; este Gobierno trata a los adversarios políticos como enemigos y a los enemigos no se les indaga ni se les cuestionan las razones", lamentó la expresidenta en un comunicado.
La actual ministra del Gobierno de Bolsonaro, de quien dependen ahora estas indemnizaciones, aseguró recientemente en declaraciones a la revista Época que Rousseff no tiene que pedir nada más porque ya fue indemnizada anteriormente.
Rousseff explica en el comunicado que de hecho recibió una compensación económica por parte de los estados de São Paulo y Minas Gerais, donde estuvo detenida y fue sometida a interrogatorios, y que donó esa cuantía a la organización "Tortura nunca más".
Más aquí: Bolsonaro promete defender la democracia en Sudamérica
La expresidenta aún podía recurrir a una indemnización por parte del Gobierno central, pero suspendió el proceso por motivos éticos cuando empezó a ejercer como ministra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y después como presidenta.
"Después de ser apartada de la presidencia en 2016, por un vergonzoso golpe de Estado apoyado en un impeachment fraudulento, como ahora incluso adversarios arrepentidos reconocen, decidí recurrir, ya sin ningún impedimento ético, a la Comisión de Amnistía del Gobierno Federal para pleitear lo que me cabe por derecho", subrayó.
Para la exmandataria, la ministra y otras figuras del Gobierno de Bolsonaro no están de acuerdo en indemnizar a las víctimas porque eso significaría un "explícito repudio" a la violencia cometida por la dictadura contra una persona indefensa.
El actual presidente siempre defendió la dictadura militar como una etapa positiva en la historia de Brasil e incluso realizó provocaciones contra la expresidenta, dedicando su voto en el proceso de destitución a la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los jefes del aparato de torturas.
