"Creo que la decisión máximo tomará entre 15 y 20 días. En febrero esperamos una resolución", dijo Poveda.
La solicitud de medidas cautelares presentada por los abogados de Assange se fundamenta en la "existencia de un riesgo potencial", por lo que pidieron se requiera a Ecuador que termine "la situación de aislamiento" del activista, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012.
Además, solicitaron que se impida la entrega del fundador de WikiLeaks a cualquier país que no dé garantías de no extradición a Estados Unidos.
Poveda informó que la defensa de Assange pidió la semana pasada a la CIDH una ampliación de la medida cautelar, tomando en cuenta que el mes pasado se dio una asistencia penal internacional entre Ecuador y Estados Unidos.
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Como parte de esa cooperación, el 18 de enero la fiscalía ecuatoriana tomó declaraciones en Quito a varios exfuncionarios diplomáticos y personal administrativo que había trabajado en la embajada de Ecuador en Londres en donde se encuentra Assange.
Según la cancillería ecuatoriana, se tomó versiones libres y voluntarias a esas personas.
Assange y Manafort han negado dichas reuniones.
Poveda pidió el 18 de enero al fiscal a cargo de la cooperación con EEUU, Wilson Toinga, que le permitiera revisar el expediente de cooperación y estar presente en los interrogatorios, pero no obtuvo respuesta.
El abogado También pidió a Toinga que se le diera a Assange el derecho a defenderse, sin obtener respuesta a su requerimiento.
"Únicamente nos dijo que parte de la cooperación ya ha sido entregada a Estados Unidos y que faltaban unas tres declaraciones, así que estamos esperando", dijo Poveda.
El tema de la asistencia penal internacional también se puso a consideración de la CIDH.
Poveda dijo saber que se tomó declaraciones a personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador y que en los interrogatorios había agentes estadounidenses.
Assange se refugió en la sede de la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012, tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
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El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena de muerte por haber publicado miles de documentos filtrados con información sobre la actuación de Washington en los conflictos armados en Afganistán e Irak, entre otros secretos de Estado.
