La Justicia colombiana condena a cinco militares por nuevo caso de "falsos positivos"

BOGOTÁ (Sputnik) — Un mayor retirado del Ejército de Colombia fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en otro caso de asesinatos extrajudiciales o "falsos positivos", por el cual también recibieron sentencia condenatoria un sargento y tres soldados, según informó la Fiscalía de Colombia.

"El juez impuso 38 años y 4 meses de prisión al mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas como coautor intelectual y material de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Asimismo, detalló que el juez, adscrito al Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta, centro), condenó a seis años de prisión al sargento Jader Alexander Gómez Ayala y a los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Johon Richard Cárdenas, por el delito de encubrimiento.

Los militares condenados, quienes permanecían en libertad y contra quienes se libraron las respectivas órdenes de captura, deberán indemnizar además a los familiares de las víctimas por concepto de perjuicios y daños morales.

El hecho por el cual se les condenó ocurrió en enero de 2004, cuando, según la Fiscalía, Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) en un establecimiento nocturno en Villavicencio (Meta), trasladados a Fuente de Oro (Meta) y abandonados en la aldea Puerto Palmira.

"Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte, tras este hecho los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida", precisó la Fiscalía.

Las actas oficiales señalan que las víctimas fueron reportadas como "bajas en combate" y las armas puestas en la escena figuraban como elementos incautados, además todo estaba rotulado con el nombre de Operación Despegue, dirigida contra un supuesto grupo paramilitar responsable de extorsiones a transportadores de la región.

Sin embargo, el fallo condenatorio resaltó que "a todas luces es una falsedad, toda vez que la confrontación no se dio" y por ende la Operación Despegue fue una falsedad, ya que "tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC, Bloque Centauros, a los militares".

La investigación determinó la existencia de una alianza criminal entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y cabecillas del denominado Bloque Centauros de las AUC, en la que fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores sociales que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.

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Según la Fiscalía, las declaraciones de varios desmovilizados evidenciaron la alianza entre las AUC, el mayor (r) Lizarazo y otros oficiales con el fin de no atacarse entre sí, ya que el enemigo común era la entonces guerrilla de las FARC.

Entre 2002 y 2008 brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, en lo que se conoce como casos de "falsos positivos", con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.