"La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió prorrogar, por 20 días hábiles, el término para recibir respuesta a la solicitud de asistencia judicial que había pedido, a través de Gobierno Nacional, a las autoridades de Estados Unidos, en el trámite de la garantía de no extradición de Seuxis Paucías Hernández Solarte, 'Jesús Santrich'", indicó la JEP en un comunicado.
El organismo tomó la decisión luego de que la semana pasada se conoció del extravío, en Panamá, de una carta rogatoria por medio de la cual la JEP pidió a EEUU que entregara las pruebas contra 'Santrich', la cual fue enviada por el Ministerio de Justicia a través el servicio postal estatal 4-72.
"Por una votación de 4-1, la Sección consideró que la no llegada de la carta rogatoria a Estados Unidos constituyó 'un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz'", agregó la JEP.
'Santrich', uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, 'Santrich' no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".
La JEP evalúa si le concede o no el beneficio de la no extradición que solicitó su defensa, por lo que solicitó las pruebas a EEUU que, en todo caso, ha sostenido que no las aportará debido a que los acuerdos de extradición que mantiene con Colombia no lo obligan a hacerlo.
En consecuencia, la extradición de 'Santrich' se encuentra congelada por ahora, mientras que la FARC (convertida en partido político de izquierda) sostiene que dicho proceso es un montaje entre el Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar el Acuerdo de Paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.
