El ministro de Justicia de Brasil busca cambiar 14 leyes para combatir crimen y corrupción

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, el juez Sérgio Moro, presentó su Proyecto de Ley Anticrimen, que prevé alterar 14 leyes para reforzar la lucha contra la corrupción y los delitos violentos.

El proyecto de ley propone cambios en el Código Penal, el Código de Proceso Penal, la Ley de Ejecución Penal, la Ley de Crímenes Hediondos, el Código Electoral, entre otras normas, con el objetivo de "combatir de forma más efectiva" la corrupción, los delitos violentos y el crimen organizado, informó el Ministerio en un comunicado.

Moro presentó su plan la mañana de este lunes ante 24 gobernadores y secretarios de Seguridad de diversos estados de Brasil y aseguró que el proyecto da más agilidad en el cumplimiento de las penas, haciendo que el Estado sea más eficiente y disminuyendo "la sensación de impunidad".

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, se criminaliza por primera vez la llamada "caja dos", las donaciones que los partidos políticos reciben de empresas y que no declaran a la Justicia Electoral.

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También se reforzaría la prisión después de un juicio en segunda instancia, algo que en la actualidad es algo difuso y que usan, por ejemplo, los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para que sea puesto en libertad de forma provisional, porque el exmandatario fue condenado en segunda instancia, pero está esperando resolución de instancias superiores.

Con la propuesta de Moro, el principio de presunción de inocencia no impedirá que un sospechoso entre en la cárcel después de una condena en segunda instancia.

El proyecto también prevé que una persona que sea condenada a más de seis años de cárcel, pueda tener sus bienes confiscados de acuerdo con la diferencia entre lo que posee y lo que sería compatible con sus ganancias lícitas.

Para luchar contra el crimen organizado (las facciones del narcotráfico expandieron sus poder exponencialmente en los últimos años) el plan propone que los líderes de estos grupos que sean encontrados con armas inicien el cumplimiento de su condena en cárceles de máxima seguridad.

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Además, los condenados por integrar facciones criminales no tendrán derecho al régimen de progresión de pena (beneficios por buena conducta, por ejemplo).

También se amplía de un año a tres el plazo de permanencia de los líderes de estas organizaciones en cárceles federales (las que dependen del Gobierno central), consideradas más seguras que las gestionadas por los estados.

El proyecto de ley de Moro deberá ser aprobado por el Congreso Nacional para que entre en vigor: el ministro se reunió este 4 de febrero con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y a lo largo de esta semana lo hará con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.