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    Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño

    Abogados: expresidente Lula enfrenta la guerra jurídica más injusta del mundo

    © AFP 2019 / Miguel Schincariol
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    Lucía Barrios
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se enfrenta a la guerra jurídica más injusta del mundo y a pesar de no estar bien en la cárcel, porque ha sufrido violaciones a sus derechos humanos, sigue luchando con nobleza y dignidad, dijeron a Sputnik los abogados del exmandatario.

    "Lula se ha enfrentado a la guerra jurídica más injusta del mundo. Su caso es uno de los más emblemáticos de "lawfare" (…) no está bien dentro de la cárcel", sostuvieron los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins al responder a esta agencia preguntas por escrito.

    Lula cumplió el jueves 300 días encarcelado en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde paga una condena de 12 años y un mes de prisión tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero.

    En este período debió enfrentar su inhabilitación como candidato presidencial, pese a que figuraba como favorito en las encuestas, y la muerte de su hermano, a cuyo funeral no pudo asistir.

    El término inglés "lawfare" al que se refirieron sus abogados, define una guerra en la que el arma principal es el sistema judicial que se emplea contra un enemigo para dañarlo o deslegitimarlo.

    "Durante el proceso de Lula hubo una alianza de algunas autoridades con sectores de la prensa brasileña para desgastar la imagen del expresidente y crear un ambiente artificial de culpabilidad. La decisión que condenó a Lula no tiene fundamento jurídico alguno, por lo que buscaron sostenerla en una opinión pública que fue manipulada a lo largo del tiempo, con informaciones falsas y distorsionadas", alegaron los abogados.

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    Para los juristas Zanin Martins, la justicia actuó con Lula "mucho peor" que en la dictadura (1964-1985), cuando el entonces militante también estuvo preso.

    "Durante la dictadura Lula fue autorizado a comparecer al entierro de su madre cuando estaba detenido bajo la la Ley de Seguridad Nacional, el instrumento de persecución política usado en aquella época; ese mismo derecho le fue ahora negado a Lula en el supuesto período de democracia", se quejaron los abogados.

    A pesar de que la defensa del expresidente presentó la petición a la justicia de Curitiba el mismo día en que falleció el hermano de Lula, Genival Inácio, para que este pudiera acudir al velorio, cuando el magistrado supremo el juez José Antonio Dias Toffoli lo autorizó ya se estaba realizando el entierro.

    En Brasil, la posibilidad de que los presos puedan acudir a los sepelios de sus familiares está contemplada por el artículo 120 del Código de Ejecución Penal.

    Lula ya había pedido salidas momentáneas de su encierro que le fueron negadas, como en diciembre, cuando falleció un amigo.

    Vida en la cárcel

    Los abogados sostuvieron que Lula no está bien dentro de la cárcel.

    "Lula tiene plena conciencia de que es víctima de un lawfare, un fenómeno que implica el uso perverso de las leyes y los procedimientos jurídicos para fines de persecución política. Es evidente que ninguna persona presa injustamente puede estar bien. Pero Lula es fuerte y está enfrentando todo eso con mucha nobleza, dignidad y serenidad, consciente de que la verdad prevalecerá", agregaron los juristas.

    El exmandatario, líder y fundador del Partido de los Trabajadores, vive en una habitación "sencilla pero digna", dijeron.

    El problema no radica en el lugar en que está detenido sino en el carácter "absolutamente arbitrario" de las decisiones que han dado soporte a su encarcelamiento, alegaron los abogados.

    "Estas decisiones condenaron a Lula sin prueba de su culpa y han despreciado las pruebas de inocencia que presentamos en el proceso; además, Lula es víctima de permanentes y groseras violaciones a sus derechos humanos. Lo demostramos en un comunicado que llevamos al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en julio de 2016", agregaron.

    Sin pruebas

    El expresidente no cometió ningún crimen y no puede ser condenado ni preso por "actos indeterminados" como ocurrió hace ya 300 días, afirmaron los especialistas.

    Lula fue acusado por la fiscalía de recibir un apartamento que habría sido pagado y reformado con valores provenientes de tres contratos específicos firmados entre Petrobras y la empresa constructora OAS.

    Sin embargo, el juez que lo condenó, Sergio Moro, actual ministro de Justicia, reconoció en el proceso que no halló ningún valor de contratos de Petrobras que hubiera sido destinado a Lula.

    "Además, presentamos la prueba de que Lula jamás tuvo la posesión o la propiedad del apartamento objeto de la denuncia, lo que también fue reconocido por la justicia", dijeron los abogados.

    Los defensores de Lula dijeron que "también demostramos que ese apartamento no podía ser destinado a Lula ni a cualquier otra persona porque la empresa OAS transfirió a un banco público el 100 por ciento del valor económico-financiero del inmueble como garantía de un préstamo".

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    Los abogados consideraron que el expresidente fue condenado en esencia por el testimonio de un exejecutivo de OAS, quien reconoció la comisión de muchos delitos y que negociaba beneficios con el Ministerio Público.

    El expresidente tiene aún cinco causas abiertas en la justicia.

    Lula, presidente por dos períodos en Brasil, tuvo un origen humilde, fue obrero metalúrgico, sindicalista y uno de los principales organizadores de las mayores huelgas contra la dictadura militar.

    En 1980 permaneció 31 días preso, acusado de "atentar contra el orden nacional".

    Brasil experimentó un crecimiento económico sin precedentes en los años en los que Lula estuvo en la presidencia.

    El Producto Interno Bruto por persona triplicó su valor, según el Banco Mundial, y unos 30 millones de personas salieron de la pobreza gracias a las políticas sociales implementadas por el Gobierno de Lula.

    El político de 73 años dejó el cargo con una aprobación de 80 por ciento, según encuestas.

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