"No me animo a decir que el memorando era un pacto de impunidad", dijo el titular de la AMIA, según refleja el diario local Página/12.
El titular de la AMIA recordó que su organización se opuso al memorándum que el anterior Gobierno firmó con Irán para intentar esclarecer el atentado que sufrió en 1994 y en el que murieron 86 personas ya que "consiguió su inconstitucionalidad: misión cumplida".
"Revisar esa horrible decisión de política exterior corresponde a las instituciones argentinas, y no a la comunidad judía", aclaró Zbar en su cuenta de Twitter.
En una carta enviada a la DAIA, otra de las organizaciones judías más importantes del país, la comisión directiva de la AMIA sostuvo que la demanda contra la exmandataria "es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica".
"Cabe recordar que fue la oposición firme de la AMIA la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia", añadió la mutual en la nota a la que accedió la agencia AJN.
El titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, cuestionó que la AMIA hubiera dado a conocer esta postura públicamente "porque es una situación que se dirime puertas adentro de nuestra sociedad".
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"Habría que preguntarle a Agustín Zbar cuáles son las razones de meterse en una causa en la que no son parte y por qué ellos tienen más potestad de opinión que las otras 127 afiliadas" (instituciones asociadas), agregó el presidente de la DAIA en diálogo con Perfil.
Contexto
El procesamiento contra la expresidenta y senadora se basa en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con la administración del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para habilitar los interrogatorios de los iraníes acusados sobre los que penden pedidos de captura internacional emitidos por la justicia argentina pero que Teherán se niega a entregar.
El documento no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
Por esta causa el juez Claudio Bonadío pidió la retirada de fueros parlamentarios y la inmediata detención de Fernández de Kirchner ante el riesgo de que pudiera "entorpecer el accionar judicial" del caso, que ya fue elevado a juicio oral.
El fiscal Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de ser encontrado sin vida en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.
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A finales de diciembre de 2017, después de que apelara la DAIA el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.
