"Instamos al Gobierno a actuar decisivamente en su compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para evitar más tragedias de ese tipo y llevar a la Justicia a los responsables del desastre", pidieron los relatores, según un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En la nota, los especialistas alertan del peligro de flexibilizar leyes y dicen estar "preocupados" con las "medidas de desregulación en materia de protección ambiental y social tomadas en los últimos años en Brasil".
Además, piden que el Gobierno brasileño no autorice ninguna represa de residuos ni que permita ninguna actividad que pueda afectar a la integridad de las ya existentes hasta que la seguridad esté garantizada.
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La empresa brasileña Vale, propietaria del dique que se rompió en Brumadinho, también lo era, en parte, de la represa que cedió en Mariana, lo que provocó una inundación de lodo que mató a 19 personas y causó el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil.
En Brumadiho, según los últimos datos oficiales divulgados este miércoles, hay 99 muertos confirmados (de los cuales 57 ya fueron identificados) y 259 desaparecidos, la gran mayoría trabajadores de Vale.
