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En Ecuador se posesionan nuevos miembros del Consejo de la Judicatura

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QUITO (Sputnik) — Los miembros del Consejo de la Judicatura de Ecuador, órgano encargado de nombrar y sancionar a los jueces, se posesionaron en la Asamblea Nacional e iniciaron oficialmente sus funciones.

El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la Función Judicial, encargado de definir las políticas de la justicia, elegir, evaluar y sancionar a jueces.

El nuevo Consejo está presidido por María del Carmen Maldonado, elegida de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, Patricia Esquetini, elegida en representación de la Presidencia de la República, Juan José Morillo, seleccionado de la terna de la Defensoría Pública, Rut Barreno, designada de la terna enviada por la Fiscalía, y Fausto Morillo Fierro, por la Asamblea Nacional.

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La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura dijo el martes que su trabajo se enfocará en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, la independencia judicial y la lucha contra abuso sexual y la violencia.

"Seremos implacables con los jueces y servidores judiciales corruptos", advirtió Maldonado tras su posesión.

Maldonado, cuya designación había sido criticada por algunos sectores por una supuesta cercanía al Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), aseguró que no hizo parte "de esa década nefasta de opresión y de corrupción. Mi misión será hacia adelante".

El bloque de asambleístas del movimiento de Correa salió del pleno y no asistió a la posesión de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura.

Los anteriores vocales fueron cesados en sus funciones en junio pasado por incumplir los parámetros de evaluación establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano encargado de nombrar a las autoridades de control en el país andino.

Más aquí: Presidente ecuatoriano refuerza lucha contra la corrupción

En aquella ocasión, el CPCCS aseguró que los miembros del Consejo de la Judicatura ejercieron sus funciones con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer los intereses de otras funciones del Estado, y que hubo irregularidades en la selección, evaluación y destitución de servidores judiciales, ejerciendo un régimen de control que buscaba beneficiar intereses particulares.

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