México sufre un problema de impunidad, porque "las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario", dijo Bohórquez, al presentar el informe.
La decimoquinta economía del mundo siguió descendiendo en ese indicador global que es citado constantemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como referencia del que considera como el principal problema que su Gobierno atacará y fue una promesa central de su campaña electoral.
En Latinoamérica, México está debajo de Argentina, que se colocó en el lugar 111, y ligeramente adelante de Guatemala y Nicaragua, entre los países con "problemas graves de gobernabilidad democrática y menores niveles de ingreso y desarrollo humano".
México logró solo 28 puntos en una escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional, en el último lugar entre los miembros de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, atrás de Grecia y Hungría, que enfrentaron "problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica".
Según el capítulo dedicado a México, solo un número limitado de las acciones anticorrupción conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.
Por ejemplo, entre 2013 y 2016 solo 2,9% de las sanciones penales terminaron en condenas, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, a tres años de la creación, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional.
"Siguen sin ser nombrados los titulares de las fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos", indica el informe.
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Hasta la fecha tampoco han sido nombrados los jueces anticorrupción en materia administrativa.
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