La firma de un protocolo de ruptura de negociaciones entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y la anterior administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) fue "una expresión de voluntad política (….) con una organización terrorista" y "eso no compromete para nada al Gobierno del presidente (Iván) Duque, que nunca firmó nada", afirmó Trujillo en diálogo con la emisora local Blu Radio.
El ELN mantenía diálogos públicos de paz desde febrero de 2017 con el entonces Gobierno de Santos, pero las negociaciones fueron suspendidas el pasado 7 de agosto, cuando Duque asumió la Presidencia.
El nuevo mandatario exigió a la guerrilla que liberara a todos los secuestrados y cese sus ataques a la infraestructura del país como condición para descongelar las negociaciones.
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Sin embargo, a raíz del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que causó la muerte de 20 estudiantes de esa institución y dejó 68 heridos, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral, pidió que se reactivaran las órdenes de captura contra los negociadores de paz del ELN y reclamó a Cuba que los entregue en extradición.
Venezuela, por su parte, no se ha pronunciado sobre el asunto, mientras que Chile y Brasil respaldan a Colombia para que los responsables sean llevados ante la justicia, pero no se han referido respecto al protocolo.
El Gobierno colombiano afirma que desconoce el protocolo de ruptura de negociaciones porque, entre otras cosas, las reglas cambiaron cuando la guerrilla cometió el atentado, el cual es calificado como terrorista por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias voces respaldan la solicitud del Gobierno colombiano, mientras que otras más creen que debe respetar el protocolo porque fue firmado por el Gobierno anterior en nombre del Estado y ante la comunidad internacional, por lo que esa obligación no cesa con el cambio de administración.