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    La Corte Constitucional de Guatemala notifica suspensión de proceso a 3 de sus magistrados

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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La Corte de Constitucionalidad guatemalteca notificó al Congreso que decidió dejar en suspenso el proceso de antejuicio contra tres de sus magistrados denunciados por resoluciones favorables a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informan medios locales.

    La Corte de Constitucionalidad notificó al Congreso sobre el amparo otorgado el miércoles, que deja en suspenso el proceso de antejuicio contra tres de sus magistrados, indicó el periódico local Prensa Libre.

    El 9 de este mes la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar al Congreso el pedido de antejuicio contra los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela.

    La Corte de Constitucionalidad, integrada con tres magistrados suplentes y dos titulares, otorgó el 23 de enero el amparo a favor de Mejía, Porras y De Mata Vela, que había sido solicitado por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.

    A fines del año pasado, el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los tres magistrados por la supuesta comisión de prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

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    La denuncia contra los magistrados se basó en que "coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso", alegó entonces la Dirección Penal de la PGN, según cita de Prensa Libre en diciembre pasado.

    La denuncia de la PGN se dirige específicamente a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre la vigencia y libertades de la CICIG, como la que autorizó el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, contrariando la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar al jurista colombiano.

    La CICIG, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

    En 2015, la CICIG fue fundamental en la investigación que condujo al juicio político, dimisión y arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y de su vicepresidenta Roxana Baldetti por reiterados delitos de corrupción.

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    magistrados, Corte Constitucional de Guatemala, Guatemala