La CNDH recomienda a la procuraduría, gobernador y fiscal de Guerrero investigar la "tortura, sustracciones de pertenencias y dinero de las ocho personas detenidas", dice en un comunicado el organismo que representa a víctimas de abusos en ese estado, uno de los más afectados por la violencia.
Agrega el texto de prensa que "la recomendación la CNDH establece que policías estatales, federales, y miembros del Ejército mexicano adscritos al 93 Batallón de Infantería y de la Secretaría de Marina, incurrieron en violaciones contra activistas sociales los días 5 y 7 de junio de 2015".
El organismo autónomo del Estado, que tiene facultades de ombudsman federal o "defensor del pueblo", recomienda abrir investigaciones contra policías federales y la cadena de mando militar por el asesinato de Antonio Vivar Díaz y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas el día 7 de junio del 2015.
Las agresiones ocurrieron en el marco de una jornada de protesta en la que varias organizaciones sociales y magisteriales se hicieron eco del llamado de las madres y padres de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, para boicotear las elecciones del 2015.
El traslado de los detenidos irritó a los colonos y dio pie para que escalara el conflicto.
La noche de ese mismo día, la policía federal "arremetió violentamente contra los colonos" del municipio Tepeyac, quienes "retuvieron a 35 policías en respuesta a las detenciones ilegales" de profesores de la Coordinadora de Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
"Con el apoyo del Ejército se abrieron paso golpeando a las personas que bloqueaban las calles y uno de los policías detenidos accionó su arma" contra Vivar Díaz, según el comunicado.
De acuerdo con la recomendación de CNDH, la policía federal nunca identificó al autor del disparo.
La recomendación enfatiza que la procuraduría de ese estado "no procesó evidencias relevantes, como los casquillos encontrados en la escena del crimen, tampoco investigó esa omisión y se negó a iniciar la investigación por tortura" en agravio de los activistas.
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El documento de la CNDH está dirigido a la Secretaría Federal de Defensa, para que colabore con las investigaciones y presente quejas ante los órganos de control interno de las fuerzas armadas.
