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    Gobierno de Colombia insiste que protocolos con el ELN no son una decisión de Estado

    CC0 / Pixabay
    América Latina
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    BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia reiteró que los protocolos sobre el fin de las negociaciones de paz firmados entre el ELN y la anterior administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) no pueden ser considerados como una decisión de Estado, por lo que insiste en que Cuba debe extraditar a diez guerrilleros de ese grupo que están en la isla.

    Los protocolos "no pueden ser considerados una decisión de Estado, pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República ni pasaron por el examen de la Rama Judicial", dijo el alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, según declaraciones difundidas por su despacho.

    Ceballos se pronunció así al término de una reunión sostenida el 22 de enero entre voceros de los partidos políticos de Gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la que se anunció el respaldo total de estas colectividades a la decisión del Gobierno colombiano en su lucha contra el terrorismo.

    El pasado 18 de enero el Gobierno colombiano canceló los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y activó la circular roja de Interpol contra los diez integrantes de la comisión negociadora que permanece en La Habana, por lo que pidió a Cuba que los extradite.

    Dicha cancelación de los diálogos y el pedido de extradición derivaron de que el ELN se adjudicó el atentado con coche bomba del 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que se cobró la vida de 20 estudiantes de esa institución y que dejó 68 heridos.

    Según Ceballos, los protocolos sobre el fin de las negociaciones de paz no se pueden cumplir, ya que las reglas cambiaron cuando la guerrilla cometió el atentado, el cual es calificado como terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    "La Corte Constitucional ha dicho que la política de paz es del gobierno y no del Estado, en caso contrario, la responsabilidad del protocolo la tendrían que asumir el Legislativo y el Judicial y, por supuesto, también los partidos políticos; para que haya un compromiso de Estado, debían haber sido consultados", explicó.

    Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura de los delegados de paz del ELN que están en La Habana y, por tal razón, "ya no pueden ser beneficiados con un protocolo".

    Según Ceballos "una vez estas personas pisen territorio colombiano, la Fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces de la República".

    Más aquí: La UE condena enérgicamente atentado a una escuela de policías en Bogotá

    Ante el pedido de Colombia, el canciller cubano Bruno Rodríguez, aseguró que su país cumplirá con los compromisos fijados ante la ruptura de la negociación entre ambas partes, los cuales señalan que no aplica la extradición y que el Gobierno colombiano debe facilitar el regreso al país de los negociadores del ELN en un plazo no mayor a dos semanas.

    El 22 de enero, Noruega (que junto con Chile, Venezuela y Brasil hace parte de los países garantes del proceso de paz con el ELN) afirmó que debe hacer cumplir el protocolo para que los exnegociadores de esa guerrilla salgan de La Habana, lo que significa que no respalda el pedido de extradición hecho por Colombia.

    "Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos", señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega dirigido a la Cancillería de Colombia, en el que además dijo que "se toma muy en serio esta responsabilidad".

    Por su parte, los otros países garantes, así como Cuba, aún no se pronuncian sobre el pedido de extradición hecho por Colombia.

    El ELN mantenía diálogos públicos de paz desde febrero de 2017 con el entonces Gobierno de Santos, pero los mismos fueron suspendidos el pasado 7 de agosto, cuando Iván Duque asumió la Presidencia y exigió al grupo rebelde que liberara a todos los secuestrados y cesara sus ataques a la infraestructura del país como condición para descongelar las negociaciones.

    Sin embargo, a raíz del atentado del 17 de enero, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral y pidió la extradición de los delegados de paz de esa guerrilla.

    Etiquetas:
    cancelación, diálogo de paz, extradición, Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Colombia
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