"Las investigaciones van a continuar su curso y van a dar resultados, se acaba la impunidad, son procesos que no se pueden detener, lo que ya está iniciado, no hay modo que se detenga", dijo el mandatario, ante una pregunta sobre la denuncia presentada por la compañía.
Entre los funcionarios mencionados en la demanda de la compañía están los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Función Pública (SFP), Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente.
"Resulta evidente que ha sido una estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representados (Odebrecht), en violación sistemática de sus derechos, como si fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados", indica la denuncia presentada por el apoderado legal de empresa ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
López Obrador dijo que "lo que ya está avanzado no depende del Ejecutivo; y no voy a dar la orden de que se oculte ningún hecho delictivo".
Asimismo, toda irregularidad "que vaya surgiendo desde que llegamos al Gobierno (1 de diciembre del año pasado) va a ser investigado y sancionado", dijo el mandatario acerca de su propuesta de poner "punto final" a la persecución judicial de exfuncionarios.
"Cuando hablo de punto final, tiene que ver con las acusaciones a los presidentes de 36 años del periodo neoliberal, que decidamos entre todos qué vamos a hacer, porque ya no se está castigando a chivos expiatorios", explicó al recordar que esa decisión saldría de una consulta ciudadana.
Reiteró que su opinión es "que no nos quedemos anclados en el pasado, es mi punto de vista de un punto final".
Odebrecht reconoce que pagó 10,5 millones de dólares de sobornos en México a cambio de contratos de obra pública, en particular con Pemex.
La queja indica que las autoridades mexicanas solo abrieron pesquisas administrativas para sancionar a Odebrecht "por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho", que involucra a altos funcionarios del Gobierno anterior.
Según las confesiones de gerentes de Odebrecht, representantes de la compañía contactaron en 2012 al entonces equipo del campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto, que acordaron sobornos antes de ganar las elecciones en julio de ese año.
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La Secretaría Función Pública inhabilitó a la empresa para concursar por contratos públicos en México durante cuatro años.
Esa sanción "se impuso con base en un documento prefabricado", mientras que Pemex se niega a reconocer el contrato para construir las plataformas de una nueva refinería, que nunca se construyó en Tula, Hidalgo, en el centro del país, según la queja.
