"México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos", dijo Jan Jarab, representante en este país de la ONU-DH que encabeza Michelle Bachelet.
Estas ejecuciones extrajudiciales muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o ejercen el periodismo "tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla", dijo el representante de la expresidenta chilena.
La condena fue emitida tras los asesinatos de los defensores de derechos humanos José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo en el sureño estado de Chiapas; y del periodista José Rafael Murúa, en Baja California Sur, en el noroeste del país.
La seguridad de Jiménez Pablo y Murúa estaba bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una herramienta federal para evitar asesinatos en esos sectores.
Luego de que la ONU-DH tuviera conocimiento de al menos 12 asesinatos de periodistas en 2018, e igual número en 2017, el nuevo año "comienza también trágicamente", comentó Jarab.
"Es preocupante que en todos estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos", agregó.
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La ONU-DH pidió a las autoridades federales del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a "investigar de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de funcionarios públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir", añadió el representante del organismo internacional.
Los asesinatos perpetrados ponen en tela de juicio la eficacia del mecanismo, dijo Jarab.
"Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas", señaló.
La mejor medida de protección y de no repetición es "una investigación pronta y eficaz, que logre justicia para las víctimas", puntualizó.
El mecanismo se implementó tras la entrada en vigencia en junio de 2012 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
