"En defensa y garantía del demandado (la Procuraduría General) solicita negar la pretensión de la acción presentada por la Sala de la Cámara de Representantes" para que le sea retirado su escaño como diputado, dijo Nicolás Yepes, procurador delegado, en una audiencia que sobre el caso se llevó a cabo el lunes y que fue transmitida en directo.
Según el procurador delegado, al exguerrillero no se le puede decretar la pérdida de investidura debido a que la no comparecencia en el Congreso de la República el pasado 20 de julio, día en que debió asumir su cargo, obedeció a una causa de fuerza mayor, ya que permanece recluido en el centro carcelario desde abril de 2018.
Santrich enfrenta una demanda en su contra por pérdida de investidura interpuesta por la mesa directiva de la Cámara de Representantes por no posesionarse en su cargo, por lo que el escaño fue asumido por el segundo en la lista por el Atlántico (norte) del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido tras la disolución de la guerrilla.
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Durante la audiencia de este lunes, Santrich manifestó su voluntad de asumir como diputado, pero señaló que las acciones judiciales se lo han impedido.
"No soy un traqueto (narcotraficante), soy un revolucionario y gestor de paz", afirmó.
El Consejo de Estado deberá tomar una decisión en los próximos días respecto de si mantiene o no la investidura al exguerrillero.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación abarca desde junio de 2017 hasta abril de 2018, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido lo acordado y puede ser objeto de extradición.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, Santrich no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (tribunal de paz), cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".
En consecuencia, la extradición de Santrich se encuentra congelada por ahora, mientras que la FARC sostiene que dicho proceso es un montaje entre el Fiscal General de Colombia y el Gobierno de EEUU para afectar el Acuerdo de Paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.
