La convocatoria bautizada como "El reinicio" por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral con mayoría opositora), Juan Guaidó, será una oportunidad para mostrarle al mundo el rechazo al Gobierno, dijeron a Sputnik algunos opositores.
"Voy a ir a esa marcha porque es importante… he perdido la fe en la oposición, pero me parece que Guaidó ha sido valiente; hay que apoyarlo para que el mundo sepa que Maduro no es nuestro presidente", dijo a Sputnik, Romina Bastidas, estudiante de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.
La oposición ha llamado en varias ocasiones a la población a las calles, pero desde que culminaron las protestas en julio de 2017 y un fallido proceso de diálogo con el Gobierno, no han logrado concentrar el mismo número de personas que antes.
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Para Luisana Ovalles, estudiante de comisión social de la Universidad Bolivariana, la oposición venezolana ha "engañado a sus seguidores".
"Yo dudo que logren un gran apoyo de la población, porque en las protestas anteriores le pidieron a la gente ir con todo, jurando que Maduro saldría (que dejaría el Gobierno), y era mentira, entonces, ahora no tienen una propuesta real, sino que vuelven con lo mismo, con las mentiras", acotó.
El diputado opositor, Enrique Márquez, dijo a Sputnik que no basta con el pronunciamiento del parlamento, ahora se necesita que la población demuestre que lo respalda.
"Es importante que el desconocimiento al Gobierno de Maduro venga no solo de las cúpulas de los partidos, de la directiva de la Asamblea y sus diputados, sino que venga como un proceso de estructuración de fuerzas populares que le digan al Gobierno ¡ya basta!, que le diga al Gobierno que no solo es por la crisis política, sino por la profunda crisis económica que hay en Venezuela", expuso el parlamentario de Un Nuevo Tiempo (derecha).
Demandas opositoras
El pasado 20 de mayo, Venezuela tuvo unas elecciones presidenciales, en las cuales no participaron los principales partidos opositores que las denunciaron como ilegítimas.
La oposición criticó la alteración de la fecha usual, diciembre, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (conformada por el oficialismo) y no por el Parlamento, ante la sentencia de desacato que pesa contra el poder legislativo de mayoría opositora.
Esa convocatoria fue considerada como ilegal, por la oposición y un grupo de países de la región y la Unión Europea, los mismos que ahora (con excepción de México) apoyan al Parlamento como único órgano legítimo y califican a Maduro como usurpador.
El constituyente oficialista, Saúl Ortega, dijo a esta agencia que después de las protestas de 2017, que dejaron más de 100 muertos y decenas de heridos, la oposición no logrará sus cometidos para esta nueva convocatoria.
"No van a retomar las calles porque el pueblo no los quiere en ninguna parte, ahora el pueblo que está apoyando la revolución va a salir y masivamente a celebrar el hecho de que estamos arrancando un nuevo período constitucional", señaló.
Además los calificó como "irresponsables", y los acusó de querer cometer actos "ilegales" y propulsores de que la violencia vuelva a las calles.
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Sin embargo, Márquez indicó que, "en el marco de la legalidad", el Parlamento está buscando una solución política a la situación que atraviesa Venezuela.
"Estamos buscando con esto disparar los resortes necesarios de la población en la institucionalidad para lograr una solución política que no es otra sino ubicar en la oportunidad una nueva elección presidencial, una solución electoral", agregó.
Por su parte, del lado del oficialismo, los dirigentes han advertido que nada impedirá que Maduro concluya su mandato hasta el año 2025.
Venezuela, no solo enfrenta una crisis política, que se ha agravado tras la juramentación de Maduro, el pasado 10 de este mes, sino que también vive una crisis económica que desde hace un año ha sumergido al país.
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Sin embargo, el Gobierno impulsa un plan de recuperación económica, que de acuerdo a los señalamientos de Maduro, no se verá afectado por el bloqueo diplomático de 19 naciones de la región, entre ellas, Canadá y Estados Unidos, las cuales ya han aplicado sanciones que afectan a la industria petrolera, la principal fuente de ingresos de Venezuela.