"Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico, y asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado de EEUU", expresa el documento divulgado en la web de cancillería.
El pasado 16 de enero, el Departamento de Estado de EEUU tomó la decisión de suspender solo por 45 días la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, "para realizar una cuidadosa revisión, a la luz de los intereses nacionales de EEUU".
La nota de la cancillería estadounidense agrega que la decisión también está dirigida a "acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluye elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios de Venezuela y Nicaragua".
Esta ley consta de cuatro títulos y se aplica desde su promulgación, se caracteriza por su alcance extraterritorial, y es –según las autoridades cubanas- "violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contraviene las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales, y es lesiva de la soberanía de otros Estados".
Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton —precisa el comunicado del Gobierno cubano— "está entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países, y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo".
En virtud de lo dispuesto en la propia ley Helms-Burton, todos los presidentes de EEUU desde 1996, incluido Donald Trump, han hecho uso de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del Título III, cada seis meses.
La nota difundida aquí subraya que la aplicación de la ley Helms-Burton "provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución para las reclamaciones y compensaciones a los legítimos propietarios estadounidenses".
Enfatiza además que todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras en Cuba, incluidas las estadounidenses, contemplaron en la ley el compromiso de compensación, que fue asumido por los gobiernos de los reclamantes de otros países, y que EEUU se negó incluso a discutir.
La cancillería reiteró los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubanas —Ley No. 80— y enfatiza que la ley Helms-Burton "es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico, por lo que consecuentemente considerará nula toda reclamación amparada en ella de personas naturales o jurídicas, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad".
El Gobierno de Cuba —enfatiza el comunicado— se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión.
