"La jueza constitucional doctora Jaqueline Meza acogió los argumentos presentados por la defensa de las dos instituciones del Estado (Procuraduría de la nación y Asamblea Nacional) y rechazó la acción de protección presentada por la exasambleísta, cuya pretensión era dejar sin efecto la decisión de destitución de su cargo como asambleísta", dijo la Procuraduría en un comunicado.
Falcón aseguró que Espín y Cadena le pidieron que cambie su versión en el caso Balda para no perjudicar al expresidente Correa, y que incluso le ofrecieron protección de la Organización de las Naciones Unidas, asilo en Bélgica y dinero, lo cual fue negado por las dos mujeres que aseguraron que la visita tuvo fines humanitarios.
La destitución se dio por recomendación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que investigó el caso, porque, a su entender, Espín incurrió en una infracción que lesiona y afecta la independencia con la que deben funcionar los poderes del Estado.
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La defensa de Espín alegaba que se habrían vulnerado sus derechos constitucionales de defensa.
Según el comunicado, tanto la Procuraduría como la Asamblea demostraron con pruebas documentales que no se vulneraron los derechos constitucionales de la exasambleísta Espín.
