"Ante las manifestaciones que se han anunciado en varias ciudades de Guatemala (…) la Alta Comisionada (…) exhortó el lunes al Gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y opinión, y el derecho a la reunión pacífica y de asociación", afirma la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en un comunicado publicado en su página web.
"La libertad de expresión, sin temor a represalias e intimidación, es la columna vertebral de la democracia. Una cultura de derechos humanos y de paz que se fortalece cuando diversos grupos sociales pueden expresarse en el espacio público y ejercer sus derechos libremente", dijo Bachelet.
La alta comisionada, quien también fue presidenta de Chile (2006-2018), afirmó que existe una aparente erosión de diversas instituciones del Estado guatemalteco, especialmente en la Corte Constitucional (CC), que ha sido "atacada".
"El adecuado ejercicio de sus funciones es fundamental en el contexto actual y en las elecciones generales que tendrán lugar en los próximos meses. Su seguridad y el respeto a su integridad física, así como la de sus familias, deben ser garantizados por el Estado de Guatemala", agregó.
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El 7 de este mes, el presidente Morales dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin anticipadamente al acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que creó la Cicig, cuyo mandato finaliza en septiembre.
Por su parte, la CC de Guatemala otorgó el 9 de este mes el amparo provisional que congela la decisión del Gobierno de suspender en forma anticipada el mandato en el país de la Cicig.
En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la Cicig y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
En 2015, la Cicig asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.
