"Ciudadana Lydia Cacho, a nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de libertad de expresión, ocurridos hace 13 años", dijo el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, en un evento inusual.
El acto cumple con una resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 31 de julio de 2018, ante las "violaciones a los derechos civiles y políticos" por parte de diferentes autoridades mexicanas.
La tortura mediante tocamientos sexuales y amenazas de la que fue objeto la periodista y la discriminación de género que "le impidió acceder a la verdad y la justicia", ocurrieron el 16 de diciembre de 2005, tras ser detenida ilegalmente en Cancún, en las costas del Caribe, mientras era trasladada por personas que se identificaron como policías al central estado de Puebla.
Al recibir la disculpa, la autora reveló los audios de las llamadas telefónicas de amenazas en su contra, y apuntó que si las mujeres se juegan la vida por los derechos humanos, "lo menos que esperan es que el Gobierno de este país tenga la mitad de valentía que nosotras hemos tenido" ante diferentes autoridades provinciales y federales.
"Ni torturadas ni perseguidas vamos a someternos al poder del periodismo machista ni al poder patriarcal, queremos que haya justicia para las mujeres", dijo al reseñar otros casos, como las mujeres torturadas por policías en el pueblo de Atenco por oponerse a la construcción de un aeropuerto en 2005, que acaban de ganar una larga batalla legal en la Corte Interamericana de DDHH.
Cacho dijo que ha perdonado a sus torturadores pero llamó al Gobierno federal a ejercer justicia por todas las víctimas.
"Este día es para mi familia, que nunca me ha pedido que me dé por vencida, a mis amigos, colegas y la sociedad que se rehúsa a ser sometida" y al equipo de la organización internacional defensora de derechos de la libertad de expresión, Artículo 19.
Con el canciller Marcelo Ebrard como testigo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que además de ofrecer disculpas a nombre del Estado "también reiteramos que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares; que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico"
La responsable de la política interior añadió que "desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, como fue la Secretaría de Gobernación, defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar, y no la homogeneidad institucionalizada".
Los empresarios y políticos mencionados en el libro acusaron ante jueces a la periodista por "calumnias y difamación".
