"Recibimos la solicitud y la Alta Comisionada se encuentra estudiándola", dijo la oficina de la ONU-DH en México, sin ofrecer una fecha precisa para una respuesta al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La cancillería mexicana anunció el 9 de enero que solicitó apoyo a la oficina que dirige la expresidentea chilena Bachelet, para una capacitación de la nueva Guardia Nacional, que sería integrada por policías militares y navales bajo el mando de la cartera de la Defensa Nacional, que es rechazada por los principales organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
Bachelet dijo a periodistas el pasado 5 de diciembre, en la sede de la ONU en Ginebra, que desconocía "los detalles sobre la Guardia Nacional".
Sin embargo, comentó que la fuerza policial mexicana está "muy fragmentada, ya que en algunos casos dependían mucho de los gobernadores, vimos eso en la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (desde septiembre de 2014) en la que hubo una especie de vínculo entre fuerzas policiales, militares y narcotraficantes".
El Gobierno de México solicitó a la Alta Comisionada de la ONU "ofrecer una oportunidad a México para formar en materia de derechos humanos" a los elementos de lo que se perfila como Guardia Nacional, dijo la cancillería.
Sin embargo, en varias ocasiones la oficina en México del organismo internacional expresó su preocupación por el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma para crear la Guardia Nacional, "se consolidaría a nivel constitucional el paradigma militar en materia de seguridad, mismo que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México", dijo en diciembre pasado Jan Jarab, titular de la oficina permanente en México de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH.
En una carta enviada el pasado 20 de diciembre a la Cámara de Diputados, Jarab urgió al gobierno de López Obrador a "adoptar una política que planteé el retiro gradual de los militares", cuya participación en contra de la delincuencia ha causado graves violaciones a los derechos humanos, documentados por expertos de la ONU y el sistema interamericano de DDHH.
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Los debates en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene más de la mitad de los asientos, se prolongarán hasta el viernes 11 de enero, antes de someter la iniciativa a votación.
