"El esfuerzo en Guatemala por tomar represalias contra los jueces de la Corte Constitucional que toman una postura firme a favor del estado de derecho y CICIG es extremadamente preocupante", dijo Engel.
El congresista perteneciente al Partido Demócrata también expresó que la "comunidad internacional debe vigilar muy de cerca y en cámara lenta la crisis constitucional".
El Gobierno de Guatemala afirmó que analizará la notificación de la CC antes de emitir una postura oficial luego de que el máximo tribunal congelara la decisión del Ejecutivo de suspender el mandato de la CICIG.
El 7 de enero el presidente Jimmy Morales dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin en 24 horas al acuerdo, anuncio que ya había hecho ese mismo día la canciller Sandra Jovel luego de reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres.
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Morales afirmó que la CICIG incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país y para eso presentó a una familia de origen ruso que afirmó que fue afectada por la Comisión tras pasar por un proceso judicial injusto.
La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
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En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.
