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    Baja de edad de imputabilidad gana lugar en la campaña electoral en Argentina

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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El proyecto de ley del Gobierno argentino que establece un nuevo régimen penal juvenil y baja la de edad de punibilidad de 16 a 15 años no incide en la inseguridad, pero pretende seducir a parte del electorado de cara a los comicios presidenciales de octubre, según explicó a Sputnik la exministra de Seguridad, Nilda Garré.

    "Esto no resuelve ningún problema de inseguridad, pero han optado por el camino de las medidas de impacto muy llamativas con un discurso punitivo", explicó la actual diputada de la coalición opositora Frente para la Victoria.

    La alianza gobernante Cambiemos, que ya intentó presentar un proyecto similar a comienzos del año pasado, sabe que gran parte de sus votantes "están de acuerdo con esa medida", por lo que aspira a que el Congreso la apruebe en sesiones extraordinarias en febrero.

    Por eso lanza "este proyecto marketinero con el que se pretende fortificar este proceso de bolsonorizacion del Gobierno", adujo Garré, ministra de Seguridad entre 2010 y 2013 y de Defensa entre 2005 y 2010, durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

    Todos los adolescentes de entre 15 y 18 años pueden ser encarcelados hasta un máximo de 15 años, según la versión final del borrador del proyecto, denominado "Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil" y al que Sputnik tuvo acceso.

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    Un menor de edad de 15 años tiene responsabilidad penal desde el momento en que cometa un delito punible con 15 años o más de pena máxima según el Código Penal.

    También será imputable aquel adolescente de entre 16 y 18 años que cometa un delito sancionado con al menos tres años de reclusión.

    Ese menor de edad podrá ser encarcelado si el delito conlleva una pena que iguale o supere los diez años de prisión, de acuerdo al proyecto, que consta de 100 artículos.

    Los adolescentes de entre 15 y 18 años podrán ser detenidos en prisión preventiva por un plazo no superior a un año; no obstante, los jueces tienen la potestad de "disponer su prórroga" por el mismo tiempo y con una revisión de la medida cada tres meses.

    Evidencias en contra

    En 2017 se creó la "Comisión de Trabajo para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil" a instancias del propio Ministerio de Justicia, cuando el presidente Mauricio Macri estudió la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

    Ese comité concluyó, por mayoría, que una baja de la edad de punibilidad "afecta el principio de mínima intervención y de última ratio, (y) viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos".

    Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires revela que de 175 homicidios cometidos en la capital en 2015, con un total de 264 victimarios, once eran menores de edad (4,16%).

    Además, solo uno de ellos (0,38%) no era punible, dado que tenía 15 años al momento de cometer el delito.

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    En 2016 disminuyeron a 146 los homicidios y los victimarios a 246, de los cuales doce eran menores (4,87%).

    De estos, ocho tenían 14 o 15 años (3,25%).

    En 2017 volvieron a bajar los homicidios, a 144, y los victimarios, a 221; de estos, siete asesinatos (3,16%) fueron cometidos por niños y adolescentes de 15 años o menos.

    "Los menores cometen un porcentaje ínfimo de los delitos, menor aún en el caso de delitos violentos, pero se le quiere dar al anuncio una magnitud y una sensación de que con esa modificación se va a resolver el problema de la inseguridad, que tiene otras causales y otra complejidad", reflexionó Garré.

    Existen doctrinas que plantean la inconstitucionalidad de este proyecto de ley por ser regresivo, añadió la exministra de Seguridad y Defensa.

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    La diputada defendió la creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil que garantice a los menores de edad un debido proceso, así como políticas de contención, pues en la actualidad rige una ley sancionada durante la última dictadura (1976-1983).

    Con el mismo argumento, el Gobierno insiste en cambiar la legislación, pero a contramano de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Naciones Unidas, pues este proyecto "pretende conquistar, con fines electorales, a un sector de la población que tiene miedo o que ha sido objeto de algún delito menor", reprochó Garré.

    La legisladora recordó que en sintonía con esta propuesta, el Gobierno emitió a finales de 2018 un nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego y permite a un agente a disparar a un supuesto delincuente que se dé a la fuga y sin dar la voz en alto.

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    El pasado 4 de enero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la compra de 300 pistolas Táser, que pueden incapacitar a una persona.

    El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas sostiene que la utilización de este tipo de armas constituye una forma de tortura.

    En paralelo, la Dirección General de Migraciones ha elaborado un listado con mil nombres ante la posible creación de un fuero migratorio y una unidad de búsqueda de extranjeros con los que acelerar la expulsión de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

    Otras reacciones

    La Asociación Argentina de Magistrados de Adolescencia y Familia (Ajunaf) también ha expresado su rechazo a la baja de la edad de la imputabilidad.

    Según esta organización, se recurre a esta iniciativa debido a la falta de "políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida y la efectividad de derechos económicos, sociales y culturales de toda la infancia y la adolescencia".

    "La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48% (…) es pobre según un estudio de Unicef", indicó Ajunaf en un comunicado.

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    La red Argentina No Baja, integrada por diversos especialistas y entidades políticas y sociales, sostuvo a su vez que el proyecto del Gobierno no sirve para combatir la inseguridad, sino que empeora la situación, utiliza a los adolescentes como chivo expiatorio de los problemas de seguridad pública, confunde a la población sobre el fondo de la cuestión, es anticonstitucional y es contrario a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

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    edad penal, ley, Argentina
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