"A EEUU le preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala", publicó Breier en la red social Twitter, junto a un comunicado de la embajada de EEUU en Guatemala emitido el 8 de enero.
Ese anuncio ya lo había hecho ese mismo día la canciller Sandra Jovel luego de reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres.
Morales afirmó que la CICIG incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país y para demostrarlo presentó a una familia de origen ruso que afirmó que fue afectada por la Comisión tras pasar por un proceso judicial injusto.
En el texto de prensa, la embajada de EEUU indica que el "Estado de derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región".
En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
Sin embargo, este 9 de enero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó el amparo provisional que congela la decisión del Gobierno de suspender en forma anticipada el mandato en el país de la CICIG.
La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.
