El Ministerio Público Electoral intentó "garantizar una disputa justa, equilibrada y con regular aplicación de recursos destinados al financiamiento electoral", sostiene la Procuraduría.
Esta ley, aprobada en 2010, fue el motivo principal por el que se rechazaron candidaturas políticas en las elecciones presidenciales de este año, entre las que se incluye la del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Lula era candidato del PT para las elecciones de octubre, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo inhabilitó dado que esta ley impide que condenados en segunda instancia concurran a los comicios hasta pasados ocho años luego del cumplimiento de la pena.
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El PT lo mantuvo como presidenciable de forma oficial casi un mes, desde que se registró su candidatura ante el TSE el 15 de agosto hasta que cedió la postulación a Fernando Haddad el 11 de septiembre.
