"Por primera vez, México acepta una dictamen emitido por la Corte Interamericana, la recomendación en el Caso Atenco; ha cambiado el paradigma del Gobierno en el tema de los derechos humanos a nivel internacional, México la acata a plenitud", dijo Encinas en conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Más sobre el asunto: Corte IDH responsabiliza al Estado mexicano por reprimir a 11 mujeres
El Gobierno de México "revisará la sentencia del Caso Atenco y en próximas fechas anunciará los mecanismos e instrumentos para cumplir todos los puntos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo Encinas.
El Estado mexicano está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte IDH porque sus sentencias son vinculantes para este país.
El tribunal continental emitió el 21 de diciembre una sentencia en la que responsabiliza del Estado mexicano de "graves violaciones a derechos humanos" cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, durante la represión de una protesta en mayo de 2006.
Los ataques fueron perpetrados durante un operativo policial desplegado el 3 y 4 de mayo de 2006 en los pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco, en el central estado de México, donde los campesinos se oponían a la construcción de un aeropuerto internacional.
La Corte IDH confirmó que no se investigó, ni juzgó ni sancionó a todos los responsables materiales e intelectuales del operativo.
El fallo ordena al Estado "realizar una investigación exhaustiva que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal", para "esclarecer la participación de la cadena de mando" de la represión.
Las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008, debido a que las autoridades provinciales y federales no investigaron las agresiones sufridas.
En 2015, la CIDH exigió al Estado sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los ataques, pero el dictamen fue incumplido.
La CIDH elevó entonces el caso a la Corte IDH en noviembre de 2017, en una audiencia pública a la que asistieron las 11 mujeres.
El jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que asistió legalmente a las víctimas, dijo que la sentencia de la Corte IDH se produce "en un contexto en el que el modelo de seguridad está en discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada".
