"La fiscal federal solicitó al juez Guido Otranto que convoque a un grupo de mapuches sospechados de mentir y plantar pistas para alentar una inexistente desaparición forzada", informó el diario local Clarín.
El 29 de noviembre, el juez Gustavo Lleral decretó el cierre de la investigación, determinando que no existió desaparición forzada.
"Los hechos que se presentaron no constituyen delito", manifestó el juez en su fallo.
Por su parte, la fiscal federal Avila afirmó que los militantes mapuches mintieron en sus declaraciones, plantaron pistas en el predio donde murió Maldonado e irrumpieron en la casa del fallecido con el propósito de inculpar a los agentes de Gendarmería Nacional.
En caso de que se pruebe la culpabilidad de los referentes mapuches por falso testimonio, asociación ilícita y obstrucción de la justicia, los delitos puede ir de 4 a 10 años de prisión.
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Maldonado, un tatuador de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 durante un violento desalojo de la Gendarmería de una protesta de la comunidad indígena mapuche Lof en Resistencia en tierras del grupo Benetton situadas en Chubut que son reclamadas como propias por los pobladores originarios.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró por entonces que no había indicios de que Maldonado hubiese sido arrestado por la Gendarmería.
La autopsia, de la que participaron 55 peritos, concluyó que Maldonado "falleció por ahogamiento en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia".
El caso, en un país en el que la desaparición forzada fue una política de Estado de la última dictadura militar (1976-1983), se convirtió en una de las situaciones más controvertidas de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.