"En el propio oficialismo admiten que el pedido de desafuero otra vez fracasará. Su bancada no tiene el tamaño suficiente para hacerlo prosperar", afirma el diario local Clarín.
La Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Fernández como presunta responsable de una red de sobornos montada por funcionarios del Gobierno y las principales empresas del país.
El juez Claudio Bonadio, que la había procesado en primera instancia, puede ahora pedir al Senado el desafuero de Fernández en el marco de la investigación conocida como "los cuadernos de las coimas (sobornos)".
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Sin embargo, el trámite será lento.
Luego de que ingrese el pedido, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tendrá que expedirse en menos de 60 días hábiles y en caso de que no tome una resolución, se tendrán que esperar 180 días hábiles para que sea analizado en el pleno.
El 20 de noviembre Bonadio presentó un primer pedido de desafuero para la expresidenta en el marco de la causa de supuesto encubrimiento a los responsables del atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), pero el tema no ingresó a la agenda del Senado.
La Cámara Federal confirmó asimismo los procesamientos del exministro de Planificación, Julio de Vido (2003-2015) y de su mano derecha, Jorge Baratta, como organizadores de la asociación ilícita y también les imputó cohecho pasivo, al igual que a la expresidenta.
En cambio, la Cámara Federal estimó que los principales empresarios involucrados en el pago de sobornos a funcionarios de Gobierno no formaban parte de la asociación ilícita, con lo cual quedarán en libertad.
El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.
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Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.
La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien declaró como arrepentido.
