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Ministro: en Nicaragua no hay ataques contra medios ni organizaciones

© AP Photo / Esteban FelixLa bandera de Nicaragua
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La cancelación de las personerías jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua fue realizada dentro del marco legal del país y de ninguna manera suponen una persecución o un ataque contra éstas, dijo a Sputnik el ministro de Gobierno nicaragüense, Luis Caña.

"Aquí en ningún momento ha habido ataques a periodistas, ni al periodismo, ni a instituciones que realizan labor periodística; lo único que hemos hecho es cumplir con lo que mandata la Constitución y las leyes que regulan nuestra sociedad", dijo el funcionario a esta agencia.

En los últimos 15 días, el Gobierno canceló la personería jurídica de nueve organizaciones sociales, por estar, según Caña, "azuzando para violentar el orden público".

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Sin embargo, el ministro del Gobierno nicaragüense dijo que se tomó la decisión porque las organizaciones "violaron las leyes que regulan" su funcionamiento en el país.

"En ningún momento ha habido ataque o persecución; lo que se está haciendo es cumplir con las leyes", insistió.

Caña dijo que organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los que más ha denunciado violaciones a los derechos humanos de parte del Gobierno, "estaba operando al margen de la ley" desde abril de este año, ya que estaba "sin junta directiva y prácticamente acéfalos".

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"Además estaban actuando en contra de los principios que ellos estaban autorizados a funcionar: actividades fuera de la ley, alteración del orden (y) realizar actividades que no estaban de acuerdo a los fines y objetivos por los cuales se les otorgó esa personería jurídica", aseguró el ministro de Gobierno.

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Caña dijo que se trata de una cuestión administrativa, y que "no hay nada político" detrás.

"Tengo derechos, pero tengo deberes; si no cumplo la ley me expongo a sanciones", observó el funcionario.

Respecto a las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y del propio secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de que el Gobierno de Nicaragua estaba atentando contra los derechos humanos y la libertad de expresión, Caña dijo que a estos organismos "no les asiste ni la razón ni la ley".

"Son sesgadas ese tipo de declaraciones; no son sustentadas sobre realidades, y hay intereses creados, definitivamente", afirmó el ministro de Gobierno de Nicaragua.

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Consultado sobre cuáles serían esos intereses, Caña respondió que "habría que preguntarles a ellos".

"Misteriosamente solo revisan países donde se está luchando contra la pobreza, donde se está trabajando para que nuestros pueblos, nuestras familias, mejoren sus niveles de vida (…) emprendiendo la ruta de la independencia", afirmó.

Más temprano, el Gobierno de Nicaragua anunció que suspendió temporalmente las visitas de la CIDH y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

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Además, el Gobierno anunció el fin de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Meseni había sido instalado el pasado 24 de junio en acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, para hacer un seguimiento a las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, que llamaba al Ejecutivo a respetar los derechos humanos y las libertades individuales y cesar la represión contra los manifestantes opositores al Gobierno.

El acuerdo establecía que la permanencia del Meseni en territorio nicaragüense sería "mientras la situación la requiera".

Tras conocerse la decisión del Gobierno, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, informó que el Meseni continuará funcionando desde la sede del organismo, en la ciudad de Washington.

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Antes de conocerse la decisión del Gobierno nicaragüense, la CIDH había emitido un comunicado en el que denunciaba el "agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua".

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis política y social cuando estallaron protestas antigubernamentales que han dejado cientos de muertos.

El Gobierno asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un "golpe blando" contra el presidente Daniel Ortega, a los que acusa de terroristas. 

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