El presidente de la Corte decidió "suspender los efectos" de la decisión provisional tomada previamente por el juez Marco Aurélio, que horas antes había decretado la puesta en libertad de todas las personas condenadas en segunda instancia que estuvieran pendientes de la resolución de recursos en instancias superiores, como el caso de Lula, encarcelado por hechos de corrupción.
El presidente del Supremo también argumentó que anuló la decisión para preservar "el orden y la seguridad pública", ya que miles de presos podrían dejar las cárceles en base al entendimiento del juez Marco Aurélio (alrededor de 169.000, según el Consejo Nacional de Justicia).
La decisión de Marco Aurélio, tomada de forma unilateral y en el último día antes de las vacaciones, causó una fuerte sorpresa y suscitó una rápida petición por parte de la defensa del expresidente para que fuera puesto en libertad.
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Los investigadores de la Operación Lava Jato, con el procurador Deltan Dallagonal al frente, también reaccionaron rápidamente, criticando la medida, al entender que fomentaba la impunidad y generaba una fuerte inseguridad jurídica.
Poco después, la procuradora general de la República, Raquel Dodge, pidió al presidente del Supremo que anulara la decisión del juez Marco Aurélio.
