Cortez fue absuelta de todos los cargos, dijeron a Sputnik fuentes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, cuyas abogadas ejercieron la defensa de la joven.
La fiscalía, en un último intento de obtener un veredicto de culpabilidad, había pedido al juez Hugo Noé García, del Juzgado de Sentencia de Usulután (sudeste), que condenara a Cortez por abandono de persona, un delito que se pena con un año de cárcel y que hubiera significado también la libertad inmediata de la joven, pues llevaba 19 meses tras las rejas.
“Hubo un cambio en la tipificación del delito y la fiscalía solicitó cambiarlo de homicidio agravado en grado de tentativa a abandono de persona indefensa, entonces también solicitó un año de prisión para Imelda, pero la defensa argumentó que como Imelda ya ha estado un año y siete meses con prisión preventiva debería ya haber cumplido ese año que pide la fiscalía”, dijeron fuentes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto a Sputnik.
Pero el juez expresó en su fallo su decisión de absolver completamente a Cortez, incluso si se hubiera mantenido la imputación inicial.
"La absolución y libertad de Imelda representa una gran victoria para sentar precedente a nivel judicial y social para que las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y marginación por parte del mismo sistema, puedan ir accediendo a una verdadera justicia equitativa y sin vulneración de derechos humanos", dijo a Sputnik la abogada salvadoreña coordinadora del equipo legal de la defensa, Ana Martínez.
"Este es un precedente importante para la vida de Imelda y de las mujeres salvadoreñas, pues al no poder existir la comprobación de la existencia del delito la consecuencia jurídica debe ser la absolución y liberación inmediata", añadió.
Por su parte, Marcela Martino, la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que acompaña el proceso afirma que "debieron pasar 18 meses para que la justicia salvadoreña reconociera la demanda de esta joven de 20 años y del mundo entero: Imelda es inocente".
Cortez tenía 19 años cuando fue detenida.
Desde los 12 era violada por su padrastro de forma reiterada, y a los 18 quedó embarazada.
El 17 de abril de 2017, Cortez Palacios fue a la letrina, sintió terribles dolores y notó que expulsaba algo, gritó llamando a su madre y perdió el conocimiento en medio de una abundante hemorragia.
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Luego de haber parido a una bebé en la letrina de su casa, fue detenida y trasladada del hospital a la cárcel, sin que se hubiera considerado su condición de víctima ni su presunción de inocencia, tras haber estado un mes internada luego de parir.
La niña sobrevivió y Cortez fue acusada de intento de asesinato y por eso la fiscalía había pedido inicialmente una pena de 20 años de prisión.
El juez García alegó que el trauma del parto fue suficiente para impedir que la joven evaluara el carácter ilícito de su acto y además consideró inadecuadas las pericias psicológicas que se le efectuaron.
“Que en el momento en el que sucedieron los hechos no se haya evaluado el estado de la imputada no puede cargársele a ella”, dijo el juez.
El padrastro de Cortez, de 70 años, está recluido en la misma prisión en la que permaneció la joven hasta el 17 de diciembre y enfrenta un juicio paralelo por la violación, tras comprobarse mediante el ADN su paternidad de la recién nacida.
No es la primera vez que la tipificación de este caso es modificada.
Luego la fiscalía cambió la acusación a homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, según contó la jurista Alejandra Romero, una de las abogadas defensoras de la Agrupación.
En El Salvador, el abordaje público ante las mujeres que tienen emergencias obstétricas o partos fuera del hospital se hace desde una concepción de supuestos abortos, señalaron a Sputnik fuentes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que acompañó el proceso.
El Salvador es uno de los cinco países del mundo en los que rige una prohibición absoluta del aborto, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
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