"No es nada de extrañar que parte de esta táctica, como la que se utilizó en el caso de Nicaragua en 2018 y Venezuela en el 2014 y 2017, prendiendo el foco para generar un punto de quiebre para derrocar los gobiernos constitucionales de esos países, sea lo que ahora esté sucediendo en el caso de Bolivia", expresó.
La protesta tuvo lugar mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciaba el análisis de múltiples impugnaciones presentadas por activistas y candidatos de oposición contra la candidatura de Morales.
Aunque para Ortiz el derecho a la protesta debe estar garantizado en cualquier sistema democrático, en estos casos, dijo, son manifestaciones que se inician de forma pacífica, pero con el pasar de los días se tornan violentas porque tienen como objetivo el quiebre constitucional.
"Son movilizaciones que en principio se caracterizan o se venden a la comunidad nacional o internacional como pacíficas, pero la táctica es de generar focos, violencia, puntos de quiebre institucional, que lleven a un proceso de posible levantamiento o derrocamiento del Gobierno constitucional", acotó.
Por su parte, Morales dijo que la violencia no sólo provocaba daños, sino que dejaba también en evidencia una supuesta desesperación de la oposición.
Radio: Bolivia, en tensión
"Algunos (en referencia a la derecha internacional) no aceptan que los pueblos puedan liberarse; tantos pedidos de que no seamos candidatos no es miedo a Evo, es miedo al movimiento indígena originario, a los obreros, porque por primera vez un congreso de la Central Obrera Boliviana ha aprobado que Evo sea candidato", indicó el mandatario.
"Recordemos que el 21 de febrero de 2016 hubo un referendo sobre ese tema, no salió digamos favorecido la posibilidad de postulación (de Evo Morales) y de ahí el inconveniente y la diatriba que hay en estos momentos", sostuvo.
Sin embargo, el 5 de diciembre, el TSE habilitó la candidatura de Morales y su vicepresidente Álvaro García para buscar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para octubre de 2019.
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Mientras, 20 exgobernantes latinoamericanos y europeos denunciaron como una "ruptura constitucional" la habilitación de la candidatura de Morales para un cuarto mandato consecutivo.
