Fiscalía de Honduras pide investigar a 11 diputados y exlegisladores por malversación

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Unidad Fiscal contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras solicitó a la Corte Suprema de Justicia que abra investigación a cinco diputados y seis exlegisladores de la cámara baja por malversación de unos 900.000 dólares de fondos públicos.

La Unidad Fiscal Especial "presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis exdiputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras", dice un comunicado de la fiscalía.

La investigación se llevó a cabo con apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La fiscalía y la Maccih presentaron pruebas de que los acusados malversaron unos 879.000 dólares procedentes de la Casa Presidencial, del Congreso y de la Secretaría de Finanzas, que fueron depositados en una cuenta bancaria de la Asociación Planeta Verde para la presunta ejecución de proyectos de interés social.

"Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas", indicó la Unidad Fiscal en su informe, presentado el martes en una rueda de prensa en Tegucigalpa.

Los acusados son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Jesús Puerto y los exidputados Carlos Humberto Bonilla, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Enrique Videl, Fabricio Puerto y Óscar Arturo Álvarez.

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Los políticos están acusados de haber solicitado en 2015 al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que ordenara a la Secretaría de Finanzas asignar recursos para financiar "proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida (norte), Choluteca (sur), Cortés (noroeste), Francisco Morazán (centro), Intibucá (suroeste), La Paz (sur), Lempira (suroeste), Ocotepeque (suroeste), Santa Bárbara (noroeste), Valle y Yoro (norte), a través de la organización no gubernamental Asociación Planeta Verde", dice el comunicado de la fiscalía.

La Asociación Planeta Verde es una entidad de fachada, y los fondos depositados en su cuenta entre agosto y noviembre de 2015 salieron también en el mismo período hacia los depósitos de los diputados y otros cómplices del esquema corrupto, según la fiscalía.

Otras 11 personas figuran en la solicitud fiscal acusadas de complicidad.

"Todo lo anterior demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y exdiputados", añade el texto.

El vocero de la Maccih, Luiz Guimarães Marrey, aseguró en la rueda de prensa que "este caso evidencia una vez más (…) que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público".

Este caso, conocido como "Arca abierta", es el octavo investigado y presentado por el equipo de la Unidad Fiscal Anticorrupción y la Maccih.

Los anteriores fueron los conocidos como "Red de diputados", "Caja chica de la dama", "Pacto de impunidad", "Pandora", "Aseguramiento de bienes", "Caja chica del hermano" y "Licitación fraudulenta del Seguro Social".

La Maccih fue creada por la OEA y el Gobierno de Honduras en un acuerdo firmado el 19 de enero de 2016.