"La Ley no solo que me faculta, me obliga a iniciar investigación por cualquier noticia de delito que llegue a Fiscalía", dijo la fiscal encargada Ruth Palacios a periodistas.
En su denuncia, Regato asegura que tanto Celi como Pérez (quien renunció a su cargo el mes pasado) no fueron posesionados ni designados de acuerdo con la ley, por lo que han usurpado los cargos de contralor y fiscal, respectivamente.
La visión de los analistas locales
Analistas locales dijeron a Sputnik que la denuncia obedece a una maniobra política que busca dejar sin efecto las investigaciones en contra de exfuncionarios de Correa y del propio exmandatario.
Corral añadió que la denuncia no tiene sustento alguno y que es inexplicable que se la presente a más de un año en que Celi asumió su cargo y más de 6 meses de que Pérez fue designado como fiscal encargado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado, según la Constitución, de designar a las autoridades de control.
Mientras tanto, la exfiscal de la Nación Mariana Yépez dijo a Sputnik que la denuncia debería ser calificada como "maliciosa y temeraria".
Según Yépez, la denuncia es una argucia que viene, en algunos casos, de las partes procesadas en busca de tapar actos de corrupción.
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Palacios también pidió a la Contraloría General del Estado que remita copias certificadas de las acciones de personal con las que se acredita a Celi en sus designaciones de subcontralor General y contralor General Subrogante.
El contralor Celi ha denunciado una serie de actos de corrupción del Gobierno de Correa, que han servido de base para investigaciones de la Fiscalía, mientras que el exfiscal pidió que se llame a juicio al expresidente, acusándolo de ser, junto con su exsecretario de Inteligencia, el autor intelectual del secuestro, en 2012 en Bogotá, del político opositor Fernando Balda.
