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    Familiares sostienen carteles de los 43 estudiantes desaparesidos en Guerrero, México

    Familias de 43 desaparecidos esperan construir confianza con López Obrador en México

    © REUTERS / Jorge Dan Lopez
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las familias de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, consideran que el decreto del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para crear una comisión de verdad, abre una nueva etapa en la que "se irá construyendo la confianza" y cooperación internacional, dijeron sus abogados.

    Cuatro organizaciones que actúan como representantes legales de las familias a nivel nacional e internacional esperan que la cancillería mexicana se encargue de firmar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso".

    A partir del 5 de diciembre, los abogados de las familias dialogarán con la CIDH la asistencia técnica, "específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI)".

    La colaboración del GIEI fue cancelada por el Gobierno anterior, luego de que especialistas de Colombia, Chile, España y Guatemala encontraron irregularidades en las investigaciones federales, y el alto comisionado de DDHH de la ONU recibió denuncias de torturas para obtener confesiones de decenas de implicados.

    La nueva comisión estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías federales de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.

    El decreto presidencial compromete al Poder Ejecutivo a "facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias" y coordinar las pesquisas con el aparato de justicia.

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    Los abogados de las familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias "y se les trate con humanidad" a las madres y padres de los jóvenes.

    En México hay más de 35.000 personas desparecidas en la última década y "no queremos que ninguna familia pase por todo esto", puntualizaron las familias en un comunicado.

    El decreto instruye a las autoridades federales a generar los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de facilitar información que pueda contribuir a esclarecer el principal caso de violaciones a derechos humanos perpetrado durante el Gobierno anterior.

    La información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos "no puede ser reservada", como algunos episodios censurados hasta la fecha, en particular sobre el papel de los militares en ese crimen, e instruye medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.

    "Sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos", puntualiza el posicionamiento recogiendo ideas de los nuevos funcionarios.

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    El texto firmado por el jesuita Centro de DDHH "Agustín Pro Juárez", el Centro de DDHH de la montaña Tlachinollan de Guerrero (sur), el Servicio de Asesoría para la paz y el centro de análisis Fundar, señala que este paso no se quede nada más en la firma del decreto y que el presidente "siga caminando con nosotros".

    Cinco autobuses ocupados por un centenar de jóvenes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, que viajaban a una manifestación en la Ciudad de México, fueron perseguidos y atacados por patrullas de cuatro municipios del estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala, 220 km al sur, la noche del 26 de septiembre de 2014 y madrugada siguiente.

    En los ataques murieron siete personas, unas 25 resultaron heridas y 43 estudiantes detenidos por policías municipales fueron entregados a la organización narcotraficante Guerreros Unidos, que según confesiones de supuestos sicarios los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal del pueblo Cocula, en una quebrada, y lanzaron sus restos a un río.

    Esa versión es rechazada por las familias y expertos del GIEI, porque además de las torturas a los acusados, de los restos calcinados encontrados en bolsas de plástico del Río San Juan, solo un estudiante fue plenamente identificado con estudios genéticos de ADN en Innsbruck, Austria.

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    Etiquetas:
    desaparición forzada, Andrés Manuel López Obrador, Iguala, Ayotzinapa, México