"Desde septiembre de 2016 se viene adelantando una tarea de asistencia consular y acompañamiento humanitario a estos 59 connacionales privados de la libertad en la estación de policía de La Yaguara, en Caracas", indicó Trujillo según informó su despacho.
De acuerdo al funcionario, "ha habido una atención permanente" de parte de las autoridades consulares colombianas y a raíz de la decisión que tomó el Gobierno venezolano se le dio instrucción a la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Adriana Mendoza, para que se pusiera en contacto con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, señaló que la embajadora expresó "el rechazo del Gobierno colombiano" a la decisión de Venezuela, "ya que se trata de nuevos acontecimientos relacionados con la detención arbitraria de esos compatriotas y con muy precarias condiciones".
Según dijo, la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU considera el tema como un "caso prioritario", por lo que lo sigue de cerca e informará de inmediato a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Caracas para que haga seguimiento al tema "y tome las medidas pertinentes".
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Hasta la fecha, Colombia ha elevado 94 notas verbales al Gobierno de Venezuela y ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de ese país, invocando la legítima protección de los derechos humanos de los 59 connacionales.
El pasado miércoles el Tribunal 47 de Caracas les imputó los cargos de terrorismo, concierto para delinquir y falsedad de documentos públicos, por lo que podrían condenados a una pena de hasta 30 años en prisión.
Según Enoc Montemiranda, uno de los detenidos, en días pasados agentes del servicio de extranjería de Venezuela llegaron a la estación de policía de La Yaguara, les tomaron las huellas dactilares y les hicieron firmar documentos para proceder a la deportación, pero en su lugar fueron acusados de terrorismo, informó el diario colombiano El Heraldo.
