"Rechazamos categóricamente la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua (…) Declaramos improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos", dijo el Gobierno en un comunicado.
El 27 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EEUU dijo que tomó las medidas tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra funcionarios cercanos al mandatario nicaragüense Daniel Ortega.
El Gobierno estadounidense busca con las medidas hacer responsable a las autoridades de Nicaragua de las violentas protestas, la corrupción generalizada y la muerte de cientos de manifestantes desde abril, señaló el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
Además, las personas físicas y jurídicas de EEUU tienen prohibido todo tipo de transacciones con los sancionados.
Los opositores acusan al Gobierno de Ortega de perpetrar asesinatos y detenciones arbitrarias, mientras las autoridades achacan la violencia a grupos armados irregulares que buscan un golpe blando contra el presidente.
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