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    Embajador de EEUU en Colombia pide protección para implicado en caso Odebrecht

    © REUTERS / Mariana Bazo
    América Latina
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    BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, pidió que se adopten medidas de seguridad para proteger la vida de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia y quien está implicado en el escándalo de Odebrecht en el país.

    "Dadas las recientes noticias relacionados al caso Odebrecht, solicitamos especial atención a la seguridad e integridad física tanto del señor Andrade como de sus familiares que habitan en su lugar de reclusión", que es su propia casa, precisó Whitaker en una carta enviada al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) difundida el jueves.

    La carta, con fecha del pasado 13 de noviembre, fue revelada el jueves por la prensa colombiana, que señala que la misma se originó luego de que varios congresistas de EEUU pidieron a Whitaker que pidiera dicha protección para Andrade, quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

    "Cabe anotar que es de nuestro especial interés que su caso se desarrolle con agilidad, manejo idóneo de la evidencia y bajo principios del estado de derecho", señala la misiva.

    Andrade permanece con detención domiciliaria en el marco de las investigaciones que se le siguen por supuestas irregularidades en el contrato de infraestructura que se suscribió en el 2010 para la construcción de la llamada Ruta del Sol II, una importante red de carreteras que terminó en manos de la multinacional brasileña Odebrecht y de su socia en Colombia, la firma Corficolombiana.

    Según la Fiscalía, Andrade favoreció al consorcio Yuma para que se quedara con la construcción de un puente en el proyecto Ruta del Sol II, respecto de lo cual el exfuncionario se declara inocente y señala que no recibió ningún soborno.

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    Por estos hechos enfrenta un juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

    El pedido de protección a Andrade y su familia por parte del embajador de EEUU en Colombia se da en el marco de la investigación que se sigue por las misteriosas muertes de

    Jorge Enrique Pizano (supervisor especial en la Ruta del Sol II) y de su hijo Alejandro hace sólo dos semanas.

    Pizano, quien se desempeñó como supervisor especial en la Ruta del Sol II, murió víctima de un infarto cardiaco el pasado 8 de noviembre y sólo 48 horas después su hijo Alejandro también falleció luego de beber una agua saborizada en el despacho de su padre y que contenía cianuro.

    Jorge Enrique Pizano era pieza clave en la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia y, según versiones de prensa, tenía previsto servir al Buró Federal de Investigaciones (FBI) como testigo protegido, luego de que también había advertido que temía por su vida.

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    En ese caso, las autoridades colombianas buscan establecer si Pizano había adquirido el cianuro para atentar contra su propia vida o si, por el contrario, la muerte suya y la de su hijo se trató de un homicidio.

    Desde 2012 el funcionario había notado irregularidades en la contratación con la multinacional brasileña, luego de que se desconocían los destinatarios de pagos por 20.000 millones de pesos (6,4 millones de dólares).

    En consecuencia, en 2015 advirtió de tales sobornos a Néstor Humberto Martínez, quien es hoy en día el fiscal General de Colombia y quien entonces fungía como abogado de la firma Corficolombiana, pero Martínez no denunció el hecho en calidad de abogado y tampoco tomó acciones cuando asumió como fiscal General, solo hasta después de que el FBI reveló la trama de sobornos en doce países de América Latina y África a comienzos de 2017.

    Las muertes de Alejandro y Jorge Enrique Pizano constituyen el capítulo más oscuro en el caso de corrupción de Odebrecht, que habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de millonarios contratos de obras de infraestructura.

    Mientras tanto, se mantienen las voces de varios sectores políticos que sostienen que el fiscal Martínez presenta un conflicto de intereses para investigar el caso y que por ello debe renunciar a su cargo.

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    Odebrecht, Colombia, EEUU