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    QUITO (Sputnik) — La legisladora Norma Vallejo, de la Alianza País (partido del Gobierno), fue destituida de su cargo en la noche del 13 de noviembre con 89 votos de 100 legisladores presentes.

    La Comisión que investigó a Vallejo determinó que la legisladora incurrió en prohibiciones establecidas el artículo 163 de la ley legislativa que tienen que ver con prohibición para gestionar cargos públicos.

    La asambleísta fue inicialmente denunciada por el legislador Fabricio Villamar (centro derecha) por cobros indebidos a sus asesores, luego de que se volviera viral en redes sociales un audio en el que se escucha a ella pedir dinero a sus trabajadores.

    El expediente sobre los supuestos cobros indebidos fue entregado en días pasados a la Fiscalía de la Nación para que realice la respectiva investigación.

    Según el informe de la Comisión, "se ha demostrado que la asambleísta gestionó un cargo público en favor del señor Martín Campos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)".

    Campos denunció a Vallejo por cobros indebidos y adicionalmente dijo que ella le ofreció un cargo en el IESS.

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    Previo a la votación, Vallejo, que niega las acusaciones en su contra, dijo que no se observó el debido proceso en la investigación en su contra, que la Comisión no presentó ninguna prueba, que no se ha verificado la autenticidad de los audios, y que "se quiere cortar su cabeza para salvar otras".

    La Asambleísta Ana Galarza, que formó parte de la Comisión, aseguró que existen copias de transferencias bancarias notarizadas de pagos que le hicieron sus excolaboradores, así como conversaciones en chats, también notarizadas, y audios en los que la exasambleísta Vallejo solicitaba colaboraciones a sus trabajadores.

    Previo a la destitución de Vallejo, la Asamblea destituyó a la legisladora Sofía Espín, del bloque del expresidente Rafael Correa (2007-2017), acusada de realizar actividades incompatibles con su cargo, por visitar en la cárcel, un día antes de la audiencia preparatoria de juicio, a Diana Falcón, testigo protegida de la Fiscalía, en el caso que investiga el secuestro del político Fernando Balda en Bogotá en 2012.

    Tras las dos destituciones, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aseguró que "se ha velado por el debido proceso, se permitió el derecho a la defensa de las involucradas".

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    Añadió que lo actuado "demuestra la voluntad política de erradicar malas prácticas frecuentes, la institucionalidad de la Legislatura tiene que estar por sobre todas las cosas", dijo.

    Enfatizó que la Asamblea tramitará inmediatamente las reformas a la Ley de la Función Legislativa para fortalecer la institucionalidad de la legislatura. 

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    destitución, Asamblea Nacional de Ecuador, Ecuador