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    Jefa anticorrupción de Argentina es imputada por desvincular a presidente de investigación

    © Sputnik / Maria Plotnikova
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina, Laura Alonso, fue imputada por la fiscal federal Paloma Ochoa por desligar al presidente Mauricio Macri de una investigación que atañe una deuda da la empresa estatal de servicios postales, Correo Argentino, cuando era propiedad de la familia del mandatario.

    "Ochoa abrió formalmente una causa contra Alonso", informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

    El caso, que recayó por sorteo en el juzgado federal n.º 1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría, surgió a raíz de una denuncia presentada por diputados del partido peronista Frente Renovador, que pidieron investigar los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

    Como titular de la OA, Alonso emitió la resolución 2018–24 "cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades" al presidente argentino y al entonces ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, de acuerdo a la fiscal.

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    Durante el Gobierno actual, en junio de 2016 la empresa llegó a un acuerdo con el Estado para liquidar una deuda impaga, lo que fue objetado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por considerar que el pacto conllevaba "una quita velada del 98,82% de la deuda".

    Según dijo la fiscal hace un año, la deuda actualizada era de 70.000 millones de pesos (4.400 millones de dólares por entonces).

    El Gobierno terminó por retirar la propuesta, y la OA, al momento de actuar, se limitó a indicarle al jefe de Estado que no interviniera.

    En su lugar tomó la iniciativa la vicepresidenta Gabriela Michetti, que por medio de un decreto cerró el mes pasado la causa que involucraba a Macri pese a que el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, insistía en que prosiguiera la investigación por vía administrativa.

    Con el cierre del caso, quedan dos causas judiciales en las que se investigan la deuda que desde hace años sostiene la empresa estatal Correo Argentino con el Estado.

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    Una de ellas se dirime en el fuero comercial, y la segunda en la órbita penal, a raíz de una denuncia presentada en 2016 en el que están imputados el presidente y Oscar Aguad.

    El servicio postal argentino fue privatizado en 1997 mediante una concesión al Grupo Macri, empresa propiedad del padre del presidente, Franco Macri, a cambio del pago de un canon anual.

    La empresa dejó de abonar ese canon desde 1999, y dos años más tarde se declaró en concurso de acreedores, dejando impaga una deuda de 900 millones de dólares, de los cuales correspondían al Estado 296 millones.

    El Correo Argentino volvió al Estado en 2003, pero la compañía de Franco Macri que lo administraba arrastró una deuda con el erario público durante los años sucesivos.

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    anticorrupción, Argentina
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