"Desde el 2016 (…) se desplegó en las redes sociales una campaña organizada contra los actores que lideran y apoyan la lucha contra la corrupción: operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas y, especialmente, la CICIG y algunos miembros visibles de su equipo. El objetivo es desacreditar los avances en la lucha contra la corrupción y amedrentar a aquellos que la impulsan", afirma la Comisión en su XI Informe Anual de Labores que fue publicado el viernes.
El análisis de cuentas verificadas muestra que 6 de cada 10 usuarios que hablan de la labor de la comisión se expresan de ella en lenguaje positivo.
Sin embargo, hay un mayor número de cuentas no verificadas que publican contenidos contra la CICIG.
A aquellos usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable y que además reportan actividades estrictamente vinculadas a la campaña negativa, el reporte lo definió como netcenter.
"Las estructuras denominadas netcenter podrían ser definidas como grupos anónimos que crean múltiples cuentas en redes sociales, pero que no representan a una persona física. De esta manera, se pueden crear tendencias de opinión en redes sociales que no necesariamente representan la real opinión de la población guatemalteca", explicó la Comisión.
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Según el informe, los estudios demuestran que un usuario que controle un netcenter puede tener un crecimiento diario de 5-10 usuarios falsos por día, lo que resulta en un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores por mes.
"Debido a su crecimiento continuo, (…) la masa de información (…) de los netcenter genera un sesgo en las redes sociales, que se convierten en los primeros resultados que una persona en cualquier parte del mundo encuentra al buscar información sobre la CICIG", agregó.
Por otro lado, la Comisión afirmó que durante sus 11 años de trabajo, junto con el Ministerio Público ha logrado identificar más de 100 casos de corrupción, procesar a 680 personas, condenar a más de 310 e impulsar 34 reformas legales entre las que se destaca la Ley de Crimen Organizado, modificaciones al Código Penal en materia de anticorrupción y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo.
El presidente también pidió un cambio en la titularidad de la CICIG pero el secretario general de la ONU, António Guterres, ratificó a Velásquez en su cargo.
Una investigación de la CICIG y de la fiscalía general derivó este año en el tercer pedido de desaforar a Morales para poder juzgarlo por financiamiento electoral ilícito, pero el mandatario consiguió los votos en el Congreso para archivar la investigación en su contra.
