"El Ministerio de Justicia compró estos dispositivos no por iniciativa propia sino porque hay una obligación legal (…) Hubo transparencia en el proceso de compra", aseguró Zúñiga a periodistas.
Otros dos exfuncionarios y el representante de la empresa china National Electronics Import y Export Corporation (CEIEC), también deberían responder penalmente por este mismo caso.
El informe incluye un análisis especial del período que va de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, y en el que se realizaron las etapas de precontratación, contratación, ejecución, recepción, liquidación, y uso del contrato suscrito con CEIEC para la adquisición de la plataforma informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico en el Ministerio de Justicia.
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Zúñiga afirmó que varias de las conclusiones del informe de Contraloría hacen referencia a la ejecución del contrato en una etapa en la que ella ya no era ministra, pues dejó el cargo en mayo de 2017; sin embargo, no se refirió a las observaciones del período en el cual ella sí estaba al frente del Ministerio de Justicia.
El tema de los grilletes electrónicos retomó vigencia en Ecuador el 20 de octubre, cuando Fernando Alvarado, secretario de comunicación de Correa e investigado por presunto peculado, informó a través de la red de mensajería WhatsApp que se sacó el grillete que debía portar obligatoriamente por orden de una juez, y abandonó el país.