La presidenta de la Comisión de Tránsito de la Legislatura confirmó en su cuenta de Twitter el debate "del proyecto de ley que establece sanciones al transporte de pasajeros que preste un servicio para el que no está habilitado".
"Con la modificación del Código buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad de los vecinos", añadió.
Desde que Uber comenzó a operar en Argentina en abril de 2016, la justicia dictaminó en varias ocasiones que la empresa lleva a cabo actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.
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Un tribunal de segunda instancia, la Cámara del Crimen, emitió una resolución en noviembre de 2016 en la que sostiene que no puede castigarse penalmente a los conductores de esa plataforma porque no cometen ningún delito.
En paralelo, la justicia contravencional de la ciudad de Buenos Aires emitió varias resoluciones contra Uber, ordenando clausuras de la página web o de las plataformas, entre otras sanciones, sin cuestionar de fondo la legalidad de la empresa, de origen estadounidense.
