"La Sección (de Revisión del Tribunal Especial para la Paz) resaltó que el artículo transitorio 19 constitucional establece que cuando se 'alegue' que el hecho por el cual se pide la extradición ocurrió luego de la firma del Acuerdo Final de Paz le corresponde a la JEP evaluar la conducta; por ello considera que es necesario conocer la prueba que fundamenta esa alegación", indicó la JEP en un comunicado.
Asimismo, requirió a la Fiscalía General de Colombia para que "haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces que tenga a su disposición realice las gestiones pertinentes".
Según la JEP, si transcurridos cuarenta días, contados desde la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía, ese tribunal no recibe las evidencias contra Santrich, se "deberá continuar con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso".
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Asimismo, en su auto, la JEP pidió tener como pruebas los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez y quien en la actualidad colabora con la justicia de Estados Unidos en el caso contra Santrich.
De acuerdo con el tribunal de paz (creado en los diálogos de paz de La Habana para juzgar a militares, exguerrilleros y terceros que financiaron el conflicto), la Sección solicitó al fiscal Martínez que en el término de cinco días, contados a partir de la notificación de la decisión, "aporte de manera legal los aludidos audios originales" y "la orden impartida por el Fiscal Delegado para la interceptación de comunicaciones".
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Las solicitudes fueron hechas por la Sección de la JEP tras una decisión mayoritaria, en la que subrayó que "las pruebas son el medio que garantiza una debida motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan el derecho al debido proceso probatorio".
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.
Santrich y su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, creado tras la disolución de la guerrilla), afirman que todo se trata de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes del antiguo grupo rebelde ante los tribunales estadounidenses.