"La declinación de un acuerdo de la procuraduría mexicana es sintomático, porque entre todos los países en los que Odebrecht ha reconocido haber pagado sobornos, México y Venezuela son los únicos dos países que han rechazado alcanzar acuerdos a cambio de información", dijo el experto mexicano de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que integran reporteros latinoamericanos.
El rechazo del acuerdo confidencial que consistiría en no abrir nuevos procesos contra la firma brasileña en este país a cambio de revelaciones, "es un nuevo mensaje de que no les conviene tener ese documentos que Odebrecht y la justicia brasileña tienen en su poder", afirma Rodríguez Reina.
Después de Brasil, países como Perú, Argentina, Ecuador, Panamá y República Dominicana, acordaron negociar con los gerentes de Odebrecht a cambio de información en los procesos judiciales que han llevado a la cárcel inclusive exmandatarios.
"Las autoridades judiciales de esos países quieren trabajar en las indagaciones, entienden la magnitud y la escala global de esa red de operaciones trasnacionales en la que no van a ganar el 100 por ciento en tribunales, pero pueden llegar a acuerdos en la aplicación de la justicia, para la reparación de lo defraudado que las sociedades demandan", dijo el veterano periodista de investigación.
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La SFP multó en 2017 a dos filiales de Odebrecht en el México con casi 57 millones de dólares por presuntos actos de corrupción y las inhabilitó para participar en contratos públicos durante cuatro años, mientras que la PGR afirma que sus contraparte brasileña le impide acceder a los documentos, lo cual ya fue desmentido desde Brasil.
Razones ocultas del gobierno saliente
Rodríguez Reyna afirma que "la razón que subyace bajo esa negativa, es que obligaría a la procuraduría a proceder contra funcionarios de altísimo nivel, ligados al presidente Enique Peña Nieto", como el exdirector de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya (diciembre 2012-febrero 2016).
La procuraduría mexicana "se escuda en formalismos, que al fin de cuentas constituye un mensaje para permitir la impunidad", afirma el investigador.
Pone como ejemplo que los contralores de la SFP federal aplican sanciones administrativas que no son penales, en un caso que realmente le corresponde a la los fiscales.
Además de los sobornos, a los delitos de contratos con sobreprecios o de obras no realizadas con montos injustificados, la SFP aplica sanciones administrativas, multas e impone inhabilitaciones a ocupar cargos por varios años.
"Esas sanciones por unos cuantos millones de dólares son muy menores, comparadas con los sobreprecios alcanzados, en algunos casos de más de 800 millones de dólares", añade el investigador, que ha viajado en varias ocasiones a Brasil para obtener testimonios en la procuraduría de ese país.
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Entre sus hallazgos, Rodríguez Reyna obtuvo el video con la declaración jurada de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, en la que revela cómo sobornó a Lozoya a cambio de contratos de Pemex, además de las confesiones de Luiz Mameri, exdirector de la compañía para América Latina y de Hilberto Mascarenhas encargado del área de la empresa que pagaba los sobornos.
El especialista afirma que "en el equipo presidencial de transición hay dos fuerzas en tensión que se nulifican entre sí, y sería lamentable que derivara en impunidad".
Por un lado, hay importantes figuras del próximo Gobierno que "consideran el caso Odebrecht como un grave acto de corrupción lesivo para a ética pública, que no debe quedar impune, así me lo han dicho claramente", afirma Rodríguez Reyna.
En el otro sentido, se encuentra el propio presidente electo "quien afirma que no quiere volver a ver hacia atrás, sino construir una justicia hacia el futuro, que a partir del 1 de diciembre no habrá corrupción", agrega.
Entre quienes han investigado y descubierto los escándalos de corrupción del gobierno saliente de Peña Nieto "existe la esperanza de una pequeña salvedad: que los casos que ya comenzaron a investigarse continúen, y el caso Odebrecht es uno de ellos", puntualiza.
En octubre de 2017, el entonces procurador general Raúl Cervantes, escribió en su carta de renuncia al cargo —que sigue acéfalo-, que la investigación de ese caso estaba "terminaba", y que solo faltaba emitir órdenes de captura a los acusados, pero un año más tarde el caso sigue paralizado.
