"Este nuevo informe documenta varias de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 30 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2018 (…) La organización considera que estas violaciones se llevaron a cabo no sólo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control", dijo Amnistía.
Decenas de personas han sido detenidas y posteriormente acusadas de "golpistas" o "terroristas", una medida que el Estado usa para justificar sus acciones violentas, dijo Amnistía.
La represión del Gobierno de Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha dejado más de 300 muertos desde abril, según organizaciones de derechos humanos, cuando las protestas contra reformas se transformaron en violentos enfrentamientos.
Amnistía dijo en su informe que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no han denunciado los hechos por temor a represalias y desconfianza en las autoridades y muchos no registraron el deceso de sus familiares, en medio del acoso del Gobierno.
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La organización afirmó que recogió evidencia del uso de la tortura como método de castigo, fabricación de pruebas e investigación sobre los organizadores de las protestas, así como de detenciones arbitrarias e incumplimiento de garantías procesales.
El jueves, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el recrudecimiento de la ofensiva gubernamental en Nicaragua, incluyendo violaciones a manifestantes durante operaciones de represión.
