"Los delincuentes que huyeron tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático (…), no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana", dijo el mandatario durante la celebración del Foro de Integridad para el Buen Gobierno, celebrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Lima.
En ese sentido, Pablo Iglesias, secretario general del partido español Podemos (izquierda), señaló la voluntad de su agrupación en ayudar al seguimiento del suspendido magistrado.
"Las acusaciones que pesan sobre César Hinostroza son muy graves, máxime en el contexto de la profunda crisis política y judicial que vive Perú. Desde Podemos exigiremos que el Gobierno español siga su caso con atención", comunicó Iglesias en la red social Twitter.
Las acusaciones que pesan sobre César Hinostroza son muy graves, máxime en el contexto de la profunda crisis política y judicial que vive Perú. Desde Podemos exigiremos que el gobierne español siga su caso con atención 🇵🇪 ¡Fuerza Perú! pic.twitter.com/h6LjYbddbl
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 октября 2018 г.
Martín Vizcarra asumió la responsabilidad compartida entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso en la fuga del exjuez; sin embargo, destacó el papel que el parlamento jugó en la protección y posterior huída de Hinostroza.
"Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron, semana tras semana, no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones", denunció Vizcarra.
En ese sentido, el Congreso de Perú, a través de la bancada del opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha), fue clave en desestimar el involucramiento de Hinostroza en la mencionada red criminal, retrasando su destitución y votando en contra, dentro de la Comisión Permanente, de acusar constitucionalmente al exmagistrado de los delitos que se le imputaban.
Esta mafia estaba compuesta por jueces, fiscales, empresarios y políticos; y su descubrimiento en junio fue uno de los motivos para la gran reforma anticorrupción que actualmente está llevando a cabo el Ejecutivo como política de Estado.
Asimismo, el juez había sido acusado constitucionalmente por el Congreso a inicios de mes por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y tráfico de influencias; a pesar de la resistencia inicial de Fuerza Popular.
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El exmagistrado era clave en las investigaciones que podría seguir la Fiscalía para esclarecer vínculos de miembros del partido fujimorista con la mencionada red criminal.
La "Señora K" de "la fuerza número uno" se cree que podría tratarse de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, el cual ostenta amplia mayoría en el parlamento.
Además, según interceptaciones telefónicas reveladas entre junio y julio, el exjuez supremo también habría coordinado sobornos, nombramientos "a pedido" en el sistema judicial e incluso la negociación de la libertad de un violador de una menor de edad.
